Qué nos aporta la reforma concursal, en pocas palabras.

13 septiembre, 2022

El pasado martes 6, al tiempo en que se publicaba en nuestra web mi anterior post, en que hacía alusiones a la terminación de la moratoria concursal y a la inminencia de esta reforma, se publicaba en el BOE la modificación del texto refundido de la Ley Concursal.

La verdad es que nos coge un poco agotados ya: la ley concursal del año 2003, que había sido parcheada en numerosas ocasiones, fue objeto de un texto refundido en 2020, por la que el texto paso de contener 242 artículos a contener 752.

Una vez lo teníamos casi dominado, llega esta reforma rozando el larguero, puesto que era obligado adaptarse a una directiva europea cuyo tiempo límite para ello expiraba el 17 de julio de este año.

A parte de adaptarse a la mencionada directiva, la reforma pretende aportar una mayor agilidad y sobre todo previsión, como fase preconcursal, al comprobar que el sistema concursal, por lo general, es un cementerio de empresas. En realidad, todas las disposiciones promulgadas en relación a los procedimientos concursales han declarado la misma intención de ser más útiles para la reflotación que las anteriores. Habrá que verlo.

La reforma introduce la figura del plan de reestructuración, que sustituirá a las refinanciaciones anteriores, que sólo servían a las grandes corporaciones, pero que no tenían cabida en las pequeñas empresas. Para dirigir ese plan de restructuración se nombrará un especialista, que estudiará si la empresa es viable y bajo qué acuerdos.

Con ello, se suprimirán los actuales acuerdos extrajudiciales de pago, que no hacían sino dilatar el procedimiento, con una tasa de éxito bajísima.

Dentro de esta fase preconcursal, se sitúa el pre-pack, que ya se ejercitaba anteriormente en algunos juzgados con buenos resultados: se trata de buscar interesados en comprar todo o parte de la sociedad en concurso, parte que se pueda concebir como una unidad productiva. Este proceso estaría dirigido también por un especialista.

Ello puede ayudar a que se tomen medidas con mayor rapidez y discreción.

Por otro lado, sin embargo, las normas sobre la segunda oportunidad se ven muy lastradas, por cuanto la administración pública ha aprovechado esta nueva normativa para limitar la capacidad de exoneración del crédito público, y marcar condiciones bajo las cuales las personas físicas no podrían solicitar la exoneración.

Cuando el concursado es persona física o autónomo, destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad y con los bienes y derechos necesarios para ello.

También se prevé un sistema para tramitar más rápidamente los concursos sin masa, es decir, sin activos, sistema que puede iniciarse a instancia de los acreedores, a quienes se reserva también un papel más activo en el momento calificar el concurso como culpable o fortuito.

Se ha previsto también un sistema muy fácil y ágil de concurso para microempresas, sistema en que las comunicaciones se harán principalmente por formularios; no entrará en vigor hasta fin de año, pero hasta la fecha no se ha puesto en marcha el programa y los formularios.

Las empresas en proceso de concurso sufrirán las nuevas normas de no exoneración del crédito público, lo cual es un importante escollo a superar. Ello, además, se aplicará retroactivamente a todos los concursos en marcha, en que no se haya pedido todavía la exoneración.

Por último, importante destacar que todos los concursos de no empresarios se presentarán ante los juzgados mercantiles, mucho más especializados que los de primera instancia.

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Juan Núñez – abogado

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