MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

15 maig, 2014

La Ley 3/2014, de 27 de marzo por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, traspone a nuestra legislación la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011.

Mediante la nueva Ley se refuerza el derecho de información del consumidor y usuario, a través de la ampliación de los requisitos de información precontractual exigibles en los contratos con consumidores.

Así, por ejemplo, los empresarios deberán informar, antes de la firma del contrato, de la existencia y de las condiciones de los depósitos u otras garantías financieras que los consumidores tengan que pagar o aportar. También deberán informar sobre las garantías legales y comerciales que ofrezcan, así como sobre la existencia y condiciones de los servicios posventa. Además, en los contratos de suministro de contenido digital, deberán informar de las distintas formas de utilización de los mismos y de cualquier limitación técnica.

La Ley regula igualmente los requisitos formales de los contratos a distancia y de los celebrados fuera del establecimiento, y contempla como novedad la exigencia de que los sitios web de comercio indiquen de modo claro y legible, a más tardar al inicio de procedimiento de compra, si se aplica alguna restricción de suministro y cuáles son las modalidades de pago que se aceptan.

Las modificaciones introducidas por la Ley suponen una regulación más amplia del derecho de desistimiento en los contratos a distancia y los contratos celebrados fuera del establecimiento, al tiempo que amplía los plazos para su ejercicio.

La Ley establece también disposiciones generales que tratan de la ejecución y otros aspectos de los contratos, como la entrega de los bienes comprados, los cargos por la utilización de medios de pago, la transferencia al consumidor del riesgo de pérdida o el deterioro de los bienes.

En el caso de los contratos telefónicos, se aumenta el nivel de información que debe proporcionar el empresario en la llamada al consumidor, y se le obliga a confirmarle la oferta por escrito, de forma que éste sólo quedará vinculado cuando haya aceptado la oferta mediante su firma o mediante el envío de su acuerdo por escrito.

Otra novedad destacable que recoge la Ley, referida en este caso a los pagos adicionales, es la obligación que se impone al empresario de que antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta, aquel deberá obtener su consentimiento expreso para todo pago adicional a la remuneración acordada.

Por otra parte, también modifica las personas capaces de interponer la llamada acción de cesación, ampliando la legitimación activa al Ministerio Fiscal, quien podrá ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses difusos y colectivos de los consumidores y usuarios.

Por último comentar que con esta Ley se mejora la posición del consumidor frente a las cláusulas abusivas existentes en los contratos, dando así cumplimiento el Estado Español a la Sentencia de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la se indicaba expresamente que España no había adaptado correctamente su Derecho interno al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE.

Para la introducción de esta nueva normativa, la Ley modifica distintas normas, entre las cuales se hallan, aparte del texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación, entre otras.

La presente ley entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE 76/2014, publicado el 28 de marzo), si bien se aplicará un régimen transitorio, mediante el cual las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a los  contratos con consumidores y usuarios celebrados a partir del 13 de junio de 2014.

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