Se suprime la reforma de la LAU del pasado mes de diciembre

30 enero, 2019

Hace pocos días compartíamos con vosotros la novedad de la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, traída por el Decreto Ley 21/2018 de 14 de diciembre de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, publicada en el BOE el 18/12/2018, pero dicha modificación ha durado tan solo 35 días, dado que el 22 de enero de 2019, cuando se tenía que convalidar del Decreto Ley en el Congreso, el Gobierno no tuvo el respaldo suficiente.

alquiler

Nos encontramos, pues, con que a los contratos firmados durante los 35 días de vigencia del Decreto Ley les serán de aplicación el Decreto Ley, por lo tanto, tendrán una duración mínima de 5 o 7 años (dependiendo si el arrendador es persona física o jurídica), ostentado una posible prórroga de 3 años, pero tan sólo esos.

Al no haberse convalidado el Real Decreto, los demás contratos de arrendamiento vuelven al régimen jurídico anterior. A grandes rasgos, la duración mínima del contrato vuelve a ser tres años, con una posible prórroga de un año más. Tampoco hay limitación a la hora de solicitar garantías adicionales a la fianza, y los gastos de gestión y formalización pueden pactarse que los asuma el arrendatario.

Por otro lado, la modificación fiscal quedará sin efectividad y en los desahucios no se contemplará el trámite que se preveía con el fin de detectar situaciones vulnerables.

Ante esta incertidumbre, debemos esperar que la próxima reforma que se pretenda, sea más ambiciosa, desde una perspectiva global y no parcial. Podemos estar ante una oportunidad de que se plantee la reforma con políticas que sirvan para paliar la necesidad de vivienda en sectores de la sociedad más desprotegida y necesitada, en situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial. Y ésta ha sido “la lección sufrida”, cuando la regulación pretendida no cumple con las expectativas de nadie.

Y como hemos dicho en anteriores ocasiones, entendemos que para asegurar los intereses de los propietarios no hace falta disminuir los derechos de los arrendatarios ni viceversa, sino que, ante incumplimientos graves, se dé una respuesta judicial rápida y eficaz, pero previendo una regulación justa y equilibrada entre propietarios e inquilinos, y medidas que permitan el acceso a la vivienda de los más desprotegidos.

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David Roca – Abogado

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