La Sentencia de ida y vuelta sobre los Actos Jurídicos Documentados

22 octubre, 2018

La reciente Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 1505/2018, de 18 de octubre, ha modificado la doctrina jurisprudencial anterior relativa al sujeto pasivo del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria.

Dicha modificación ha comportado la anulación del número 2 del artículo 68 del reglamento del citado Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, por entender que es contrario a la ley. Así pues, concluye que el sujeto pasivo del IAJD por la constitución del préstamo con garantía hipotecaria es el acreedor (entidades bancarias en su mayor parte) en tanto en cuanto es el beneficiario del documento a inscribir, dado que es quien está legitimado para ejercitar las acciones “privilegiadas” que la ley ofrece al acreedor hipotecante, siendo la inscripción el elemento determinante de la sujeción al impuesto.

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En definitiva, nos encontramos ante un panorama en que la jurisprudencia de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo reinterpreta la doctrina que sobre el particular había asentado la Sala de lo Civil, en el sentido de que el sujeto pasivo del Impuesto de AJD en los préstamos con garantía hipotecaria es el prestamista, no quien recibe el préstamo.

Así pues, esta doctrina ahora es distinta o contraria al criterio mantenido hasta ahora por la Sala Primera del Tribunal Supremo, y de la que penden miles de reclamaciones judiciales de nulidad de cláusulas bancarias abusivas.

Ante toda esta confusión, a golpe de cambios de criterios jurisprudenciales, donde coincidimos que afecta a la seguridad jurídica, la duda inmediata que se suscita es cómo va a afectar esta decisión a las hipotecas ya firmadas.

Una vía puede ser la solicitud de devolución por ingresos indebidos en relación al sujeto pasivo del Impuesto AJD (vía tributaria), pero dicha solicitud tiene una prescripción de 4 años, por lo que sería viable para las hipotecas firmadas a partir de octubre 2014 (en las que el plazo ya ha empezado a correr). La otra vía seria la reclamación civil por cláusulas abusivas, aunque, desde nuestra perspectiva, todavía es precipitado esta afirmación , pues en estos momentos genera ciertas dudas, por cuanto, cuando se firmaron dichas hipotecas, la legislación establecía que el sujeto pasivo era el consumidor-cliente (estaba vigente el número 2 del artículo 68), por lo que en ese momento difícilmente podrá negarse que se haya actuado de buena fe, aplicando la legislación vigente.

Pero precisamente escribiendo este artículo, nos llega la inusitada nota de prensa del Presidente de la citada Sala, comunicando que el tema será analizado por el Pleno con otro recurso pendiente sobre la misma cuestión, “Dado que la sentencia (…) supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social”. En otras palabras, el Tribunal Supremo no descarta dar marcha atrás en el criterio establecido ayer, y que ha generado un terremoto en la banca.

Al no tratarse  de un impuesto contrario a Derecho, ni creemos pueda entenderse que se haya aplicado con mala fe, por cuanto estaba hasta ahora legalmente asentado que el sujeto pasivo era el prestatario, según jurisprudencia hasta ahora del Tribunal Supremo, con lo que, en nuestra opinión, es difícil su encaje como cláusula abusiva. Sería por tanto deseable que estas aguas se mantuvieran en su justo cauce; y veremos dónde las llevará esta nueva decisión jurisprudencial que nos ha anunciado el Tribunal Supremo.

Todo ello lo que denota es la falta de una clara legislación adecuada a la actualidad, y que resulta necesaria y deseable.

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David Roca – Abogado

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